Bolivia cumple 17 días con movilizaciones y las partes en conflicto se atrincheran en sus posiciones

Bolivia cumple 17 días con movilizaciones y las partes en conflicto se atrincheran en sus posiciones

(La Paz, 6 nov ).- Bolivia amaneció nuevamente este miércoles con escenas de violencia por la pulseta que desde hace 17 días se extiende entre grupos que demandan la renuncia del presidente Evo Morales y otros que lo respaldan.

Mientras, se mantienen invariables las posturas de los cívicos de oposición que alientan las protestas y el Gobierno y sus bases sociales que consideran que éstas son producto de un plan golpista, en el que además estaría involucrado el expresidente y candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, y el gobierno de Estados Unidos.

Esta vez la violencia se desató en la plazuela Busch de la ciudad de Cochabamba, donde un joven que era parte de los grupos de bloqueo que se movilizan en cumplimiento del paro cívico fue golpeado por opositores a la medida y resultó con heridas en la cabeza.

Un equipo de periodistas de la red ATB presenció el hecho y cuando realizaba un reporte en una transmisión en directo uno de ellos también fue agredido y tumbado al piso. Los agresores intentaron evitar que se filme el hecho, pero finalmente se retiraron.

Luego los periodistas llevaron al herido hasta la Clínica del Accidentado, que se encuentra cerca del lugar donde se registró el incidente.

Este cuadro fue antecedido por un enfrentamiento entre grupos que se movilizaron en puntos de bloqueo y otros que llegaron desde las provincias para expresar su respaldo al Gobierno, entre ellos cientos de mujeres afiliadas a la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa.

Escenas de mayor tensión y violencia se vivieron anoche en la ciudad de La Paz, tras un choque entre grupos de ambos bandos, que finalmente derivó en un largo enfrentamiento entre estudiantes universitarios y efectivos de la Policía.

El resultado de la gresca fue de al menos ocho heridos y un número aún indeterminado de detenidos. El pasado jueves ocurrió lo mismo y dos personas fueron detenidas y luego procesadas por destrozos a propiedad pública y robos.

Ese mismo día, el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Julio Cordero, informó que 191 personas fueron detenidas en todo el país y que unos 60 policías resultaron heridos.

El inicio

Los conflictos por los resultados de las elecciones generales del 20 de octubre comenzaron un día después del verificativo electoral, como consecuencia de denuncias de fraude que cobraron fuerza tras la paralización del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) al 83% de avance. Ese hecho fue observado incluso por la comisión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), que en un informe recomendó una segunda vuelta.

En las calles, los disconformes con el avance del recuento de los resultados oficiales activaron movilizaciones que derivaron en ataques violentos al menos a seis Tribunales Departamentales Electorales. Renunciaron miembros de este órgano, entre ellos el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas.

De ahí en adelante las protestas se extendieron al menos a siete departamentos con un paro cívico que se cumple con distinta intensidad en Chuquisaca, Potosí, Oruro, Tarija, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz.

Ahora la medida de presión fue reforzada con protestas en puertas de instituciones públicas y con cierres de ruta en carreteras internacionales.

Ayer, el Gobierno cifró en $us 167 millones las pérdidas que sufrió el país en estos días de protesta y anunció que tendrá que suspender el pago de la Renta Dignidad, que beneficia a los mayores de 60 años en el país, por las vigilias en puertas del estatal Banco Unión.

Entretanto, las partes confrontadas mantienen sus posiciones y no existe un actor externo que pudiera acercar a las partes.

Los cívicos exigen la renuncia de Morales y la convocatoria a nuevas elecciones con tribunales electorales renovados, mientras el Gobierno insiste en esperar una auditoría electoral encargada a la OEA y acusa a los impulsores de la protesta de alentar un golpe de Estado.

Así lo hicieron saber ayer el líder del movimiento cívico y presidente del Comité Pro Santa Cruz, Fernando Camacho, y, respectivamente, el Jefe de Estado.

El dirigente cívico anunció además que este miércoles en la tarde hará un tercer intento por llegar a la ciudad de La Paz, está vez para entregar a Morales una carta para que renuncie. Los dos anteriores fueron impedidos por grupos afines al Gobierno que se movilizaron hasta la terminal aérea de El Alto.

/RI/Fuente: La Razón

YPFB anula multimillonaria adjudicación petroquímica en Tarija

* Por “errores administrativos”, YPFB detiene proceso antes de firmar contrato.

* Como pan que se quema en la puerta del horno, firma italiana Tecnimont pierde negocio de más de 2.000 millones de dólares.

La Paz, 27 jun – Yacimientos Petrolíferos Fisdcales Bolivianos (YPFB) anuló el trámite de adjudicación a la empresa italiana Tecnimont del proyecto de construcción de la planta Propileno/Polipropileno en el departamento de Tarija, informó el martes el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, durante su informe oral ante la Cámara de Senadores en La Paz.

«YPFB me ha informado que el día de hoy se procedió a la anulación de la adjudicación del contrato para la construcción de la planta petroquímica Propileno y Polipropileno debido a errores administrativos», dijo.

La anulación del trámite se registró pocos días después de que Oscar Barrriga asumiera el cargo de presidente interino de la estatal petrolera en reemplazo de Guillermo Achá, en medio de un escándalo por el intento de compra de tres taladros con presunto sobreprecio a una fábrica también italiana.

Sánchez explicó a los senadores que cuando el presidente Evo Morales posesionó a Barriga, la semana pasada, le instruyó realizar una revisión de todos los contratos de la estatal petrolera.

Carátula de la resolución de YPFB, que anula, antes dela firma de contrato, la adjudicación del proyecto petroquímico a la firma italiana Tecnimont. (Erbol).

«En esa revisión del informe técnico legal, encuentran errores administrativos y el Responsable del Proceso de Contratación (RPC) emite la Resolución Administrativa que anula la adjudicación», explicó el Ministro, citado en un boletín institucional.

Un proceso de contratación regular, que sigue a la adjudicación, debe seguir diversos pasos en los que participa la Comisión de Contratación y el RPC que, a su turno, verifican todos los requisitos que se plantean en el Documento Base de Contratación (DBC).

En ese marco, en caso de que no se cumplan tales requisitos, se impone la anulación de la adjudicación, tal como sucedió con el trámite para la construcción de la planta.

«Entre la adjudicación y la firma de contrato es normal y común anular el contrato. No se ha firmado el contrato, ha sido adjudicado y, en el proceso de revisión, se ha procedido a la anulación de la adjudicación. Eso significa volver a repensar en un nuevo contrato y lanzarlo en una convocatoria pública internacional las próximas semanas o meses, nos tomaremos un tiempo», precisó Sánchez ante los legisladores.

El senador opositor Óscar Ortiz (UD) calificó la decisión de YPFB como positiva, pero dijo que es igual a la admisión de que hubo irregularidades en el proceso para la contratación de más de 2.000 millones de dólares.

Tras su informe en el Senado, el titular de Hidrocarburos conversó con los medios de comunicación. Señaló que el contrato con Tecnimont no fue administrado por su cartera, sino por YPFB, que seguramente en las próximas horas dará a conocer cuáles fueron los motivos para la anulación del contrato.

“El responsable de contratación es YPFB que debe informar a cabalidad y con fundamento necesario cuál ha sido el objeto de la anulación (…). Pero no hay daño económico como no hubo en el caso Taladros porque no se erogó un peso», indicó.

Consultado si este nuevo caso no daña la credibilidad de YPFB después de que se evidenciara un proceso irregular de contratación de la italiana Drillmec para la provisión de taladros que le costó la libertad a varios exfuncionarios incluido Achá, el Ministro respondió con una contra-pregunta: ¿Qué es credibilidad para usted? ¿De qué acciones me habla? Si es una falta administrativa y tenemos la opción de anular el contrato para que no haya daño económico y no haya observaciones mayores ¿cuál es esa credibilidad?”.

Sánchez dijo que los periodistas quieren encontrar a “algún culpable”, pero que lamentablemente en este caso no lo hay. “Cuando estamos por adjudicar, por qué adjudicamos, cuando anulamos, por qué anulamos, las preguntas siempre son así”, cuestionó.

MÁS INVESTIGACIÓN

El senador solicitante del informe, Ortiz, aifmró que no es suficiente la anulación del contrato, pues se debería activar desde la Fiscalía una investigación seria de todo el proceso de contratación, además de realizar una auditoría especial por parte de la Contraloría General del Estado.

La anulación del contrato implica pues la admisión de que hubo irregularidades. El Ministro seguramente en protección al señor Achá -que no entiendo- y a su gestión sigue hablando sólo de errores administrativos, no podemos creer que sólo por errores administrativos se anuló el contrato millonario, quizás el mayor caso de corrupción de nuestra historia”, señaló

Ortiz recordó que no sólo expertos del área de hidrocarburos, sino también él mismo denunció cierto favoritismo a la empresa Tecnimont para que se adjudicara tres fases del mismo proyecto.

RI/ -reportes ABI y ANF

Asamblea confirmará el lunes postergación de judiciales

  • Elecciones serán el 3 de diciembre.
  • Sólo cambiará el calendario: Se mantienen cuotas de mujeres e indígenas.

La Paz, 18 de jun – La Asamblea Legislativa Plurinacional prevé ratificar el lunes 19 la postergación de las elecciones judiciales hasta el 3 de diciembre, cumpliendo tanto los acuerdos políticos de la última semana como lo decidido conjuntamente por los líderes legislativos y las autoridades del órgano electoral, anunciaron fuentes políticas.

Los acuerdos para “salvar” las segundas elecciones judiciales por voto universal se lograron después de que la comisión calificadora de candidatos declarara desiertas las convocatorias para aspirantes al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), porque no había suficiente representación de mujeres y de pueblos originarios.

Las elecciones estaban convocadas inicialmente para el 22 de octubre y, salvo el ajuste del calendario, no habrá cambios en las reglas de la preselección de candidatos que debe realizar la ALP, manteniéndose inclusive la obligatoriedad de un 50 por ciento de mujeres en las listas, dijeron representantes del oficialismo.

El pasado viernes, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los presidentes de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, y de Diputados, Gabriela Montaño, se ratificó la nueva fecha para la celebración de elecciones judiciales, el 3 de diciembre

Horas antes, la Comisión de Constitución de la ALP declaró desiertas las convocatoria para el TCP y el TSJ.

“Se definieron los ajustes al calendario electoral, el mismo que se prevé que una vez se apruebe la ley de convocatoria a nuevas elecciones, detalle las fechas que permitan llegar a los comicios de diciembre, cumpliendo los plazos establecidos en la norma”, dijo la presidenta del TSE, Katia Uriona.

Entretanto, según anunciaron las autoridades legislativas, el proceso de preselección para el Tribunal Agroambiental (TA) y para el Consejo de la Magistratura (CM) continuará, porque hay candidatos suficientes.

AJUSTE

“Se ha reformulado el calendario, todo el cronograma de actividades se modifica”, apuntó Gonzales, anunciando que el lunes, en una sesión de Asamblea, se declarará oficialmente desiertas las convocatorias para el TCP y el TSJ. “Se trabajará una nueva convocatoria”, dijo.

Los presidentes de las cámaras legislativas afirmaron que el aplazamiento fue decidido a solicitud de la bancada de la opositora Unidad Demócrata (UD).

Montaño, por su parte, señaló que para el TSJ y TCP se abrirá un nuevo plazo de un mes para recibir la postulación de más profesionales, sin embargo, se respetará a los aspirantes que ya fueron habilitados para que sigan en carrera con la nueva convocatoria.

CUOTAS

Montaño garantizó que en la segunda convocatoria se respetará el cupo de 50% por género y 25% para indígenas para la preselección de candidatos.

«Nosotros sin recortar, sin flexibilizar la cuota del 50 por ciento para mujeres y garantizando la participación de personas auto identificadas como indígenas, vamos a lanzar la nueva convocatoria», dijo.

«Sabemos que hoy hay muchas mujeres profesionales en el país, en Derecho y otras ramas (…); no tenemos razón las mujeres para echarnos para atrás, tenemos que tener la mirada puesta en el futuro, porque no podemos consolidar un nuevo Estado Plurinacional sin las mujeres y sin los pueblos indígenas», afirmó Montaño.

RI/ -con reportes ANF, Erbol, ABI

MAS plantea ley transitoria para salvar elección judicial

  • El problema: lista de candidatos registrados no cumple plenamente requisitos de género y plurinacionalidad.

  • Oposición rechaza cambio de reglamento.

La Paz, 13 jun – El oficialismo en la Asamblea Legislativa anunció el martes que tramitará una ley transitoria para flexibilizar los requisitos de las listas de candidatos a altas autoridades judiciales, toda vez que en las postulaciones no se cumplieron, en algunos casos, los criterios de paridad de género y plurinacionalidad.

La alianza opositora Unidad Demócrata (UD) advirtió que no se puede cambiar la ley a la mitad del proceso y que el oficialismo no quiere admitir que la preselección de candidatos ha fracasado.

La elección de magistrados nacionales está convocada para octubre.

De acuerdo a ley y reglamento, por cada departamento la Asamblea Legislativa debe escoger a cuatro candidatos para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), de los cuales dos deben ser varones y dos mujeres.

Sin embargo, en algunos casos eso no se cumple. Como ejemplo, las autoridades legislativas explicaron que en La Paz sólo se presentó una mujer para el TSJ, y que en Tarija sólo un varón está postulando al TCP.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), afirmó que también hubo incumplimiento en cuanto al criterio de plurinacionalidad. La Ley del Órgano Judicial exige en su artículo 20 que la Asamblea debe respetar para la preselección de candidatos la “interculturalidad y la equivalencia de género”.

Los presidentes de las cámaras legislativas descartaron ampliar el plazo para que se presenten postulantes, porque eso ya se hizo antes. En ese entendido, anunciaron que se viabilizará una ley transitoria –que sólo será vigente para este proceso- con la finalidad de flexibilizar los criterios de género e interculturalidad. También se modificará el reglamento de la preselección.

Montaño explicó que con la próxima reforma se permitiría que la lista de candidatos preseleccionados tenga un menor número de mujeres o de varones, respecto al mínimo que por ahora está vigente.

Aseveró que en esta preselección se busca a las mejores personas para que sean candidatas al Órgano Judicial, y no se puede subordinar los criterios de meritocracia, conocimiento, experiencia e idoneidad, a los criterios de plurinacionalidad y género.

Representantes de la oposiciṕn política en la Asamblea anuncian su rechazo al proyecto oficialista de modificación del reglamento de la eleccion judicial. (ABI).

OPOSICIÓN

Por su parte, el jefe de bancada de UD en Diputados, Wilson Santamaría, expresó el rechazo absoluto de su bancada a la nueva reforma.

Indicó que el proceso electoral comenzó mal y que más bien se lo debe anular y comenzar uno nuevo con mayor énfasis en una calificación independiente de postulantes.

Cuestionó el interés del MAS de continuar con este proceso de preselección y criticó que el oficialismo no admita el fracaso de esta convocatoria.

A su turno, la diputada Lourdes Millares de UD advirtió que cambiar la ley a mitad de la preselección podría tener consecuencias jurídicas, puesto que los postulantes se presentaron con un reglamento determinado y no se lo puede cambiar a “medio camino”.

Anunció también que las mujeres no permitirán que se disminuya el cupo que por norma deben tener en las listas de candidatos para los altos tribunales.

/ Erbol

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