La Paz, 12 jun – En protesta contra una ley municipal que consideran atentatoria contra los derechos propietarios sobre las viviendas, Representantes de juntas vecinales bloquearon calles y avenidas de La Paz el lunes, en una veintena de puntos, ocasionando interrupciones en el tránsito de motorizados pero sin llegar a paralizar las actividades ordinarias publicas y privadas.

La protesta, que afectó también a la habitualmente intensa movilización de personas entre La Paz y El Alto, debería repetirse este martes, según anunció la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) liderada por Jesús Vera.

Esta organización, abiertamente opositora a la gestión del alcalde Luis Revilla, había anunciado 40 puntos de bloqueo en los barrios paceños, como parte de su campaña contra la Ley 233 de fiscalización territorial, que en su criterio abriría la puerta para demoliciones indiscriminadas de inmuebles considerados ilegales por el Gobierno Municipal.

Autoridades municipales restaron importancia a la protesta, considerándola motivada políticamente por una Fejuve alineada con el Gobierno de Evo Morales.

Según el ministro de Gobierno, Carlos Romero, los cortes de calles se produjeron en 18 puntos, aunque dirigentes de la protesta aseguraron que fueron “más de 20”.

Romero señaló que se registraron bloqueos en villa San Antonio, puente Pasos Kanki, avenida Buenos Aires, zona Chuquaguillo, calle 17 de Calacoto, y algunos puntos de la avenida Periférica.

El ministro indicó que ha instruido a la Policía mantener las rutas troncales expeditas, así como los ingresos y salidas hacia el aeropuerto y la terminal de buses.

Entretanto, el concejal Fabián Siñani, del partido Sol.bo que controla la Alcaldía, afirmó que en los puntos de bloqueo no hubo una concentración masiva de personas. “No deben llegar ni a 10 personas, pero abusivamente, arbitrariamente están bloqueando nuestra ciudad”, dijo.

LA LEY

El Gobierno Municipal aseveró que con un nuevo decreto emitido el viernes pasado se aclararon los alcances de la ley 233 y se estableció un procedimiento especial para fiscalizar vivienda de carácter social.

El director municipal de Planificación, Marcelo Arroyo, explicó que de acuerdo con el decreto las viviendas sociales pueden ser sujetas de regularización y catastros masivos.

Asimismo, señaló que de acuerdo con la norma este tipo de viviendas quedan excluidas de las multas pecuniarias y eventual demolición, aunque señaló que no pueden ser consideradas sociales las casas que estén en terreno municipal.

RI/ -reporte Erbol

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