(La Paz, 29 de junio 2021).- Los ministros de Justicia, Iván Lima, y de Salud, Jeyson Auza, consideraron que es un atentado contra la salud pública la entrega de pruebas de COVID-19 con fechas de vencimiento caducas por parte de la Gobernación de Santa Cruz a los municipios de Cuatro Cañadas, San Julián y San Ramón.
“El hecho de realizar un diagnóstico a la población con pruebas que estén vencidas y que no tengan la efectividad correspondiente, se constituye en un atentado a la salud pública sobre todo en un momento tan complejo como el que estamos viviendo”, dijo Auza.
En la misma línea, Lima ratificó que ese hecho se “constituye en un delito contra la salud pública, que es un delito de orden público”.
Por ello, “en este momento estamos en el proceso de investigación y este trabajo tiene que concluir determinado cuál es la responsabilidad; no es admisible que se juegue con la salud del pueblo boliviano», subrayó el Ministro de Justicia.
Por su parte, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, afirmó que “es alarmante y vergonzoso referirse a este tipo de hechos”.
Pues las “autoridades deberían tener el mínimo cuidado con la administración (de este tipo de) suministros porque no estamos hablando de una Coca Cola o de otro producto, estamos hablando de pruebas para determinar si (una persona) tiene o no tiene COVID-19”, señaló.
Entretanto, el alcalde de San Julián, Willy Calderón, en una entrevista con La Razón Radio, confirmó que presentará un proceso penal en contra del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
La denuncia será “directamente contra el Gobernador porque él es la cabeza, es el máximo representante del departamento y de hecho él personalmente vino acá a dejar esos productos, entonces las acciones legales que vamos a tomar son contra él”, apuntó.
/RI/Fuente La Razon