(La Paz, 8 de octubre 2021).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó la solicitud de medidas cautelares de la expresidenta Jeanine Áñez y cerró el caso. Sin embargo, le recordó al Gobierno boliviano que es obligación del Estado garantizar el derecho a la vida de las personas privadas de libertad.

“La Comisión ha considerado pertinente señalar que la presente decisión no obsta para que la propuesta beneficiaria pueda presentar una nueva solicitud en caso de que considere que, ante nuevas circunstancias, su situación reúne los requisitos establecidos en el artículo 25 del Reglamento”, se lee en parte del comunicado.

El documento, señala que la Comisión ha exhortado a la parte solicitante a “cooperar de manera positiva con el Estado en la implementación de las medidas a favor de la señora Jeanine Añez, valorando, en comunicación con sus médicos de confianza y aquellos ofrecidos por el Estado, el acceso a tratamiento médico adecuado para el tratamiento de la salud física y mental de la señora Añez.”.

La CIDH recuerda al Estado boliviano que dadas las particularidades del presente asunto, que, considerando la posición especial de garante de los Estados respecto de las personas privadas de libertad, “el derecho a la vida de las personas privadas de libertad también implica la obligación del Estado de garantizar su salud física y mental, específicamente mediante la provisión de revisión médica regular y, cuando así se requiera, de un tratamiento médico adecuado, oportuno y, en su caso, especializado”.

En este sentido, señala, los Estados deben asegurar que “las personas privadas de libertad que padezcan enfermedades graves, crónicas o terminales no deben permanecer en establecimientos carcelarios, salvo cuando [puedan] asegurar que tienen unidades adecuadas de atención médica para brindarles una atención y tratamiento especializado adecuados, que incluya espacios, equipo y personal calificado (de medicina y enfermería)”.

El 26 de agosto, la defensa de Áñez solicitó medidas cautelares a la CIDH ante la presunta vulneración de sus derechos por parte de las autoridades de Régimen Penitenciario del país. Según certificación y estudios médicos, la salud de la exmandataria decayó desde su detención.

La expresidenta se encuentra cumpliendo prisión preventiva en la cárcel de Miraflores de La Paz, desde marzo de este año, acusada por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración en el caso de supuesto Golpe de Estado y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

/RI/Fuente: ANF

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