Los detenidos serán trasladados al penal de Puerto Busch, en Cobija (Pando). Los familiares exigen la liberación total y continúan los bloqueos en Riberalta. Hay denuncias de presencia de ciudadanos chinos y peruanos en el río Madre de Dios
De las 57 personas que fueron aprehendidas el viernes durante el operativo sobre minería ilegal en el Río Madre de Dios, en los límites entre Beni y Pando, al menos 19 recibieron detención preventiva en la cárcel de Puerto Busch, en la capital pandina. Otras 38 fueron beneficiadas con arresto domiciliario, derecho al trabajo y arraigo.
Mientras, el Gobierno anunció acciones encaminadas a cumplir con el convenio de Minamata, que apunta a la eliminación gradual del uso del mercurio para la explotación de oro.
“Dentro del proceso investigativo que se realiza por la explotación ilegal de mineral en el que 57 personas fueron aprehendidas, el Ministerio Público ha demostrado la probabilidad de autoría con los elementos indiciarios colectados en el lugar de los hechos y además de la documentación que se ha presentado. El juez dispuso la detención preventiva de 19 personas en Pando y 38 personas con medidas sustitutivas”, informó el fiscal Tomás Choque desde la ciudad de La Paz, donde se desarrolló la audiencia de medidas cautelares.
Los detenidos permanecerán en la cárcel pandina por cuatro meses y están acusados de cometer los delitos de porte y portación ilegal de armas, además de ataque a las fuerzas del orden. Las autoridades continuarán con las investigaciones faltantes, como el careo entre imputados, inspección técnica ocular, las pericias a las dragas, las armas de fuego y municiones; además se convocará a testigos del hecho delictivo.
El viernes, un grupo de inteligencia policial y la Armada Boliviana ejecutaron un operativo sorpresa en el río Madre de Dios, en los límites entre Beni y Pando. Ese mismo día, las 57 personas investigadas fueron trasladadas a la ciudad de La Paz, donde fue presentada la denuncia.
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, manifestó que hace un par de meses recibieron información y documentación de los trabajos de minería ilegal que se realizaría entre las comunidades de Candelaria y Miraflores, ubicadas en las riberas del río Madre de Dios.
En medio de las investigaciones también surgieron denuncias de las condiciones laborales bajo las cuales que se encontraban los trabajadores, ahora detenidos. De acuerdo con las explicaciones de las familias, la mayoría de los aprehendidos trabajaban como “voluntarios” o como “representantes” de los socios de la cooperativa Asociación de Balseros (Asobal), implicada en minería ilegal de oro.
Los “voluntarios” son los trabajadores que ingresan a una cooperativa, pero reciben ese nombre para burlar las leyes laborales. Es la cooperativa la que paga los salarios con los aportes de los socios de la misma.
El caso de los “representantes” es distinto, es un trabajador que realiza el trabajo en vez del socio de la cooperativa, es decir que el salario que recibe es del bolsillo del propio socio y no de la cooperativa. Los “representantes” pueden trabajar tres semanas y una semana debe asistir obligatoriamente el socio.
Eran esas dos modalidades de trabajadores que aprehendieron las autoridades y en el caso de los atacantes a los policías, son socios o los representantes de algunos socios.
“La ganancia de los trabajadores es un porcentaje del oro que sacan. Sentí tristeza al ver a mis familiares detenidos. Pido justicia porque un ministro no puede venir a hacer vandalismo. Si está escuchando el presidente, que nos oiga, nosotros somos de clase humilde, somos indígenas”, reclamó Alida Choai, familiar de los detenidos y reclamó que detuvieron a gente trabajadora.
Como protesta a los “atropellos” y exigiendo la liberación de los detenidos, en la localidad beniana de Riberalta se activó el bloqueo de caminos y las movilizaciones que cumplen su cuarto día.
Son cuatro puntos de bloqueo en Riberalta: Puente Florida, va a la población de Guayará; el puente Ibo que es troncal para conectar a Cobija, Pando; el Puente Hamburgo, que conduce a Pando, y la entrada a la comunidad Warnes.
Desde la medianoche de este martes, las federaciones de mototaxistas realizarán un bloqueo de avenidas para pedir la liberación de los 19 detenidos.
Por su lado, los cívicos de Beni preparan una reunión departamental de todas las instituciones para pronunciarse y asumir medidas luego de lo que calificaron como violenta la intervención en el río Madre de Dios, donde aseguran trabajan dragas chinas y peruanas de forma impune y solo se ve acción en contra de ciudadanos bolivianos.
“Hay dragas chinas que están trabajando, también las barcazas de los peruanos, nosotros tenemos registro de 37 cooperativas que trabajan, algunas de manera legal y otras son ilegales, la protesta es que no se hace nada contra esas maquinarias, pero sí contra algunas empresas, la gente pide que si van a intervenir, que sea a todas, no solo a unas cuantas”, dijo el presidente del Comité Cívico de Beni, Hugo Aponte.
El Gobierno informó que planifica acciones a nivel económico, social y ambiental para cumplir con el convenio de Minamata, que apunta a la eliminación gradual del uso del mercurio.
Un objetivo a corto plazo es la explotación racional del metal precioso. Las acciones se realizan luego del operativo en Beni, aunque las denuncias por uso descontrolado de mercurio datan desde hace más de dos años.
A la explotación aurífera ilegal “no le importa contaminar el agua, ni la biodiversidad, ni la vida de las personas, animales y peces. No les interesa, la cosa es ganar y después desaparecer, no pagan impuestos, no pagan regalías”, dijo el ministro de Medio Ambiente, Rubén Méndez, quien precisó que de todas las cooperativas que operan en el Madre de Dios solo 11 cuentan con licencia ambiental, lo que implica el monitoreo y control del mercurio, diésel y desechos que generen estas operaciones.
El Ministerio de Salud trabaja en el Plan de Mercurio y Salud, que está aún en borrador, y en una Guía Técnica para el Diagnóstico Clínico, Tratamiento y Vigilancia de la Intoxicación por Mercurio en Bolivia, que está en revisión. Se espera tener los documentos para principios de agosto.
El plan define cinco líneas de acción, entre ellas la “reducción, eliminación y gestión de productos con mercurio añadido”, y un marco normativo intersectorial para la gestión de este tipo de químicos, que afectan la salud, de hombres, mujeres, menores de edad y a niños en vientre.
Habrá intervención en coordinación con la Central de Pueblos Indígenas del Norte de la Paz para llegar desde este miércoles a más de 36 comunidades indígenas en La Paz y Santa Cruz en las que hay alta sospecha de exposición a mercurio.
/RI/Fuente: El Deber