Foto: Jorge Gutiérrez. / Familiares de los asesinados piden justicia.
El constitucionalista Luis Alberto Ruiz analizó los actuados de la Fiscalía, además de la imputación contra Nallar. Afirma que no se aplicó las prestaciones que ofrece la Ley 913 de Lucha contra el narcotráfico.
La investigación se realizó al margen de las herramientas establecidas en la Ley 913 de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas y hay unas nueve fallas que pueden repercutir en el esclarecimiento pleno del asesinato de tres policías en el municipio de Porongo, hecho ocurrido el 21 de junio.
Esta evaluación corresponde al constitucionalista Luis Alberto Ruiz, quien analizó la imputación contra Misael Nallar, el principal implicado en el crimen, y otros dos acusados. El jurista también evaluó las primeras actuaciones de la Policía y de la Fiscalía.
El tipo de armamento y la forma en la que actuaron los asesinos, además de otros antecedentes relacionados a la familia del principal acusado, son elementos que la Policía no los llegó a tomar en cuenta a la hora de encarar la investigación, apunta Ruiz.
“La Policía no sólo fue humillada; le han dado un mensaje directo: Pena de muerte. Cuando ellos mueren, lo hacen mirando al piso y eso ocurre cuando las mafias envían mensajes para que no se metan con ellos”, afirmó Ruiz.
De hecho, al jurista le llamó la atención que no se hayan protegido a los testigos ni se haya declarado el caso en reserva, “como pasó, por ejemplo, en el tema de los ítems fantasmas” de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra. “Que se pida 30 años de cárcel por asesinato es importante, pero se trata de poner un límite a esto y no se lo hizo”, apuntó respecto a la postura gubernamental.
El 21 de junio, dos policías y un voluntario del Gacip fueron ejecutados en Porongo. El principal implicado en este crimen es Misael Nallar, yerno de Einar Lima Lobo, un boliviano extraditado a Brasil (2021) donde cumple una pena de 14 años de cárcel por narcotráfico.
Las observaciones de Ruiz
- Los cuerpos aparecen como trofeos y no se sabe quién los subió a esa camioneta. ¿Cómo los recogió la Policía?¿Estaban los entes especializados y la Fiscalía?
- No se han usado mecanismos de control que tiene el Ministerio Público. No hay una pericia en el cruce de llamadas telefónicas. Si bien los celulares desaparecen, no se sabe por qué no se hizo esa pericia entre esos horarios. ¿Quiénes se han llamado en esos momentos?
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No hay opción para los testigos ni se les ha ofrecido protección, los están exponiendo. Cualquiera que realmente haya visto algo no va a decir nada por temor a que le ocurra lo mismo.
- Son en estos casos cuando hay riesgos. La Fiscalía debe declarar el caso en reserva para proteger a los testigos.No se aplicó la Ley 913.
- Como el caso no fue encarado como presunto delito de narcotráfico, no se activaron las intervenciones de las comunicaciones ni agentes encubiertos ni el colaborador eficaz.
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Al narcotraficante hay que quitarle cualquier posibilidad de monetización para que no pueda, con ese dinero, corromper a jueces, fiscales ni políticos. No se lo hizo ni se previno.
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La Unidad de Investigaciones Financieras debería investigar hasta el cuarto grado, de manera ascendente y descendente de todos los movimientos económicos de Nallar para saber con qué dinero puede corromper a las autoridades.
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No se está usando colaboración internacional a través de la RAC, una entidad de cooperación internacional entre fiscalías, instituciones de cooperación de Ministerio Público a nivel internacional.
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No se activó el sello rojo para los asesinos y otros sospechosos del crimen.
“Estas omisiones pudieron haberse cometido por temor, desconocimiento o un interés de proteger al narcotráfico”, remarcó Ruiz, quien consideró que las investigaciones pueden reconducirse en un escenario institucional.
/RI/Fuente: El Deber