La ATT reportó daños millonarios en telecomunicaciones y transporte durante los bloqueos impulsados por afines a Evo Morales.
Los bloqueos de caminos protagonizados por sectores afines a Evo Morales generaron pérdidas económicas cercanas a los Bs 190 millones en los sectores de telecomunicaciones y transporte, según el director ejecutivo de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), Cristian Mamani.
“En telecomunicaciones son 150 millones de bolivianos y alrededor de 40 millones de bolivianos en el sector de transportes”, detalló Mamani este miércoles en conferencia de prensa, al hacer un balance preliminar de los impactos causados por las medidas de presión iniciadas el 2 de junio.
Durante los días de conflicto, la ATT desplegó personal para fiscalizar la venta de pasajes en terminales terrestres, con el objetivo de garantizar que las tarifas no superen los límites establecidos.
“Si bien muchos pasajeros estaban acostumbrados a pagar tal vez el mínimo; en este caso, en esos tramos que hicieron bordeando las rutas bloqueadas, simplemente controlamos que no pasen de la tarifa máxima”, explicó el director de la entidad reguladora.
Las movilizaciones, que afectaron principalmente al departamento de Cochabamba, fueron impulsadas por simpatizantes del expresidente Morales en demanda de su habilitación como candidato a las elecciones generales de agosto, pese a los impedimentos legales y al vencimiento del plazo de inscripción.
Tras varios días de tensión y enfrentamientos en puntos de bloqueo como el municipio potosino de Llallagua, el denominado “Pacto de Unidad” evista anunció el domingo pasado una “pausa humanitaria” en sus medidas, aunque advirtió que podrían trasladar sus protestas a las ciudades.
Las medidas de presión se suspendieron recién el lunes, de manera paulatina, y estos días, luego de dos semanas, las carreteras se encuentran finalmente expeditas.
La ATT continúa evaluando el alcance total de los daños, mientras sectores afectados y autoridades exigen garantías para el normal funcionamiento de los servicios esenciales en el país.