Foto: Pablo Deheza./ En el centro y la zona sur de la capital cruceña el paro sigue siendo una realidad.

Más de tres semanas de paro indefinido no permitían una desmovilización rápida. Analistas coinciden en que el plazo de 72 horas es estratégico.

Analistas cruceños coinciden en que el plazo de 72 horas para finalizar el paro en Santa Cruz, es la estrategia posible para la dirigencia cruceña. Consideran que no era posible retirar la medida de manera inmediata. La quinta pregunta del cabildo del pasado domingo condiciona el levantamiento de la medida a la liberación de 17 detenidos hasta el día miércoles.

Daniel Valverde, abogado y estudioso de la realidad cruceña, consideró que el plazo de las 72 horas “es una estrategia para buscar una salida que no afecte el ánimo social. Una salida en la noche del cabildo, totalmente definida, iba a generar una mayor conflictividad”.

El exsecretario de Gobierno de la Gobernación cruceña, Vladimir Peña, señaló que “lo que quisieron hacer (la dirigencia cruceña) fue una retirada estratégica, pausada, precisamente para evitar cualquier situación de que la gente pueda entender que lo sucedido fue un fracaso. Entonces dijeron 72 horas y lo ligaron a la liberación” de los 17 detenidos.

Hugo Siles, internacionalista y exministro de Autonomías, observó que la apelación al plazo mencionado “es un recurso gradual para salir del paro, pero manteniendo la forma de administrar conflictivamente la situación”. Señaló que además se trata de “una forma de reivindicarse con alguna gente que ha puesto el sacrificio y las energías en este paro. Es la misma gente, que forma parte de los organizadores de la medida”.

El exministro de Defensa y ex rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Reymi Ferreira, coincide con los planteamientos anteriores. En su criterio, lo que se buscó en con estos condicionamientos es “mostrar de algún modo que, después de tres semanas, tienen alguna victoria. Pienso que eso es a lo que apuntan, a tener algo con qué justificar su actuación. Quieren desmovilizarse, pero teniendo algún argumento”.

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, fue cuestionado el día de ayer por un grupo de asistentes al cabildo. Una vez terminado el evento se dirigieron a hasta su domicilio reclamando una explicación sobre por qué no se tomaron medidas más radicales.

El cabildo cruceño del pasado domingo, planteó una suerte de ultimátum a las otras regiones del país. La cuarta pregunta conminaba a que “si en un plazo de 72 horas, los departamentos de Bolivia no se unen formalmente a este reclamo con medidas efectivas, asumamos por nuestra propia cuenta y responsabilidad nuestras propias reivindicaciones”.

Valverde dijo que esta interrogante constituye “un tremendo error. Fallan en la forma y fallan también en los tiempos, porque esas alianzas, esas visiones en común hay que construirlas, no se las impone. Esto requiere actores políticos más que cívicos. Como Santa Cruz no tiene actores políticos con llegada a otros departamentos, quedamos así, en posición adelantada”.

Siles sostiene que “el plantear un ultimátum, el plazo de 72 horas y otros elementos similares, es el reflejo de del estado y el déficit en el manejo del conflicto. Esto ratifica que el aislamiento que ha tenido Santa Cruz en este conflicto por el censo. Por esto es que ningún otro departamento o autoridad subnacional ha tenido este tipo de comportamientos confrontacionales y de convulsión, patrocinando medidas extremas”.

El exsecretario Peña indicó que esta exigencia a los otros departamentos “muestra una de las debilidades del movimiento que se generó alrededor del censo, que fue la poca capacidad de articulación nacional que se tuvo y es un reclamo en malos términos al resto del país”.

En general, las autoridades subnacionales fuera de Santa Cruz rechazaron este planteamiento del cabildo y reclamaron mayor respeto en las formas.

/RI/Fuente: La Razón

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